En un nuevo alarde de irresponsabilidad política, la Generalitat Valenciana se ve obligada a colocar 1000 millones de euros en bonos, en esta ocasión más que colocar podríamos hablar de “colar”, pues serán Bancaja y CAM, a partes iguales, las que suscriban esta nueva operación de endeudamiento.
Tal y como reconoce el propio Camps, se ha optado por esta fórmula ante los problemas para colocar la deuda en los mercados, como se hacía tradicionalmente. Este hecho supone una clara muestra de sumisión política de las entidades de ahorro, justo antes de que se pierda una parte del control por la Generalitat, cuando culminen los procesos de fusión en que se encuentran inmersas.
Los recursos destinados a cubrir las espaldas del gobierno de Camps son detraídos del sistema financiero, retrasando la salida de la crisis, al impedir que se destinen a solucionar las dificultades de financiación que las pequeñas empresas y autónomos valencianos tienen para conseguir los préstamos que irían destinados a la producción de riqueza y trabajo.
Una pescadilla que se muerde la cola, las Cajas auxilian a la Generalitat –obligadas por sus gestores políticos- y, fruto de esta gestión politizada, el Estado tiene que auxiliarlas con dinero público, tal y como acaba de suceder con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que destinó el pasado verano casi 6000 millones de euros a los dos conglomerados surgidos tras las “fusiones frías” de ambas entidades. Una “eficaz” forma de hacer circular el dinero sin que se escape nada para el ahogado sector productivo, pero que consigue que tanto los gestores políticos de las Cajas como el Gobierno valenciano, puedan continuar en sus puestos una temporada más.
La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP desde 1995, es la segunda más endeudada de España, detrás de la Cataluña de Montilla que acaba de lanzar sus “bonos patrióticos”. Ambas ocupan ese mismo orden en el rating de las Comunidades españolas con peores calificaciones crediticias, según los datos de las tres grandes calificadoras a nivel mundial como son Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch Ratings.
A nivel de endeudamiento municipal el “campeonísimo” es el conservador Alberto Ruiz Gallardón. Con 6.776 millones de euros, Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España. Rita Barberá, obtiene una “meritoria” medalla de plata para Valencia al colocarla como segunda capital con mayor endeudamiento por habitante. Por su parte a Rodríguez Zapatero, corresponde el “honor” de haber colocado a España de nuevo en el vagón de cola de Europa, de la Champions Leage hemos pasado a disputar los puestos de descenso junto a Grecia, Irlanda y Portugal, merced a nuestra escalada en el déficit, bajada de productividad y liderazgo indiscutible en número de parados.
Por mucho que se empeñen en buscar diferencias en la gestión de populares y socialistas, los datos suelen ser bastante tozudos. Izquierda y derecha resultan dos etiquetas útiles electoralmente para los dos grandes partidos, pero vacías de contenido. La realidad es que la política de la imagen se ha impuesto en los dos partidos mayoritarios.
No existe nada tan parecido como la gestión de Rodríguez Zapatero y la de Camps, cada uno en su ámbito aplican idénticas medidas, mucha foto, mucha imagen y una ocultación total de la realidad, intentando mantenerse en el chiringuito todo lo que se pueda, aunque sea a costa de arruinar el País. Todos los datos indican que los gobiernos más volcados hacia sus políticas de imagen son los peores gestores, Camps es a Rodríguez Zapatero lo que Montilla a Ruiz Gallardón.
La situación de la Comunidad Valenciana es más grave si cabe, pues a pesar del elevadísimo endeudamiento, no se ha conseguido generar empleo. Según la EPA, el número de parados alcanza los 588.900, la tasa de paro se mantiene disparada al 23,4% de la población activa, la cuarta más alta de España, sólo por detrás de Canarias, Andalucía y Murcia.
En los estudios recientemente presentados por UPyD sobre el sobrecoste de las administraciones territoriales, autonómica y municipal, se cifra en 26.000 y 22.000 millones de euros respectivamente, el ahorro al aplicar medidas que fomenten la eficacia y eficiencia a estas administraciones.
Introducir un techo de gasto “obligatorio” a cada Comunidad, evitar las múltiples duplicidades y solapamientos, recortar el número de Consejerías y parlamentarios autonómicos, así como el personal de confianza y libre designación. Reducir las empresas, fundaciones, consorcios, agencias y observatorios. Disminuir el presupuesto de radios y televisiones públicas y la concentración de la gestión municipal, son algunas de las medidas defendidas por UPyD.
Es imprescindible asumir que la crisis económica española está agravada por una crisis política, del propio e inacabado modelo de Estado, y por un bipartidismo vendido a intereses localistas y partidistas. Así ha quedado demostrado, de nuevo, en la compra de los bonos de la Generalitat Valenciana por sus Cajas de Ahorro, totalmente controladas por los intereses de los partidos políticos. Estamos obligados a cambiar, debemos hacerlo y podemos hacerlo.
Armando Esteve
UPyD Alto y Medio Vinalopó
Tal y como reconoce el propio Camps, se ha optado por esta fórmula ante los problemas para colocar la deuda en los mercados, como se hacía tradicionalmente. Este hecho supone una clara muestra de sumisión política de las entidades de ahorro, justo antes de que se pierda una parte del control por la Generalitat, cuando culminen los procesos de fusión en que se encuentran inmersas.
Los recursos destinados a cubrir las espaldas del gobierno de Camps son detraídos del sistema financiero, retrasando la salida de la crisis, al impedir que se destinen a solucionar las dificultades de financiación que las pequeñas empresas y autónomos valencianos tienen para conseguir los préstamos que irían destinados a la producción de riqueza y trabajo.
Una pescadilla que se muerde la cola, las Cajas auxilian a la Generalitat –obligadas por sus gestores políticos- y, fruto de esta gestión politizada, el Estado tiene que auxiliarlas con dinero público, tal y como acaba de suceder con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que destinó el pasado verano casi 6000 millones de euros a los dos conglomerados surgidos tras las “fusiones frías” de ambas entidades. Una “eficaz” forma de hacer circular el dinero sin que se escape nada para el ahogado sector productivo, pero que consigue que tanto los gestores políticos de las Cajas como el Gobierno valenciano, puedan continuar en sus puestos una temporada más.
La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP desde 1995, es la segunda más endeudada de España, detrás de la Cataluña de Montilla que acaba de lanzar sus “bonos patrióticos”. Ambas ocupan ese mismo orden en el rating de las Comunidades españolas con peores calificaciones crediticias, según los datos de las tres grandes calificadoras a nivel mundial como son Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch Ratings.
A nivel de endeudamiento municipal el “campeonísimo” es el conservador Alberto Ruiz Gallardón. Con 6.776 millones de euros, Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España. Rita Barberá, obtiene una “meritoria” medalla de plata para Valencia al colocarla como segunda capital con mayor endeudamiento por habitante. Por su parte a Rodríguez Zapatero, corresponde el “honor” de haber colocado a España de nuevo en el vagón de cola de Europa, de la Champions Leage hemos pasado a disputar los puestos de descenso junto a Grecia, Irlanda y Portugal, merced a nuestra escalada en el déficit, bajada de productividad y liderazgo indiscutible en número de parados.
Por mucho que se empeñen en buscar diferencias en la gestión de populares y socialistas, los datos suelen ser bastante tozudos. Izquierda y derecha resultan dos etiquetas útiles electoralmente para los dos grandes partidos, pero vacías de contenido. La realidad es que la política de la imagen se ha impuesto en los dos partidos mayoritarios.
No existe nada tan parecido como la gestión de Rodríguez Zapatero y la de Camps, cada uno en su ámbito aplican idénticas medidas, mucha foto, mucha imagen y una ocultación total de la realidad, intentando mantenerse en el chiringuito todo lo que se pueda, aunque sea a costa de arruinar el País. Todos los datos indican que los gobiernos más volcados hacia sus políticas de imagen son los peores gestores, Camps es a Rodríguez Zapatero lo que Montilla a Ruiz Gallardón.
La situación de la Comunidad Valenciana es más grave si cabe, pues a pesar del elevadísimo endeudamiento, no se ha conseguido generar empleo. Según la EPA, el número de parados alcanza los 588.900, la tasa de paro se mantiene disparada al 23,4% de la población activa, la cuarta más alta de España, sólo por detrás de Canarias, Andalucía y Murcia.
En los estudios recientemente presentados por UPyD sobre el sobrecoste de las administraciones territoriales, autonómica y municipal, se cifra en 26.000 y 22.000 millones de euros respectivamente, el ahorro al aplicar medidas que fomenten la eficacia y eficiencia a estas administraciones.
Introducir un techo de gasto “obligatorio” a cada Comunidad, evitar las múltiples duplicidades y solapamientos, recortar el número de Consejerías y parlamentarios autonómicos, así como el personal de confianza y libre designación. Reducir las empresas, fundaciones, consorcios, agencias y observatorios. Disminuir el presupuesto de radios y televisiones públicas y la concentración de la gestión municipal, son algunas de las medidas defendidas por UPyD.
Es imprescindible asumir que la crisis económica española está agravada por una crisis política, del propio e inacabado modelo de Estado, y por un bipartidismo vendido a intereses localistas y partidistas. Así ha quedado demostrado, de nuevo, en la compra de los bonos de la Generalitat Valenciana por sus Cajas de Ahorro, totalmente controladas por los intereses de los partidos políticos. Estamos obligados a cambiar, debemos hacerlo y podemos hacerlo.
Armando Esteve
UPyD Alto y Medio Vinalopó
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