La polémica por la concesión del servicio de la grúa municipal en Elda está servida. Ante la previsible aprobación en el próximo pleno, el 1 de octubre, de una nueva concesión, la agrupación local de UPyD preguntó al concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Muñoz, "por qué ha firmado un acuerdo con los siete trabajadores adscritos a la concesionaria del servicio de grúa que luego ha incumplido, con la posible consecuencia de que por su irresponsabilidad se hayan quedado sin empleo, despido y paro".Una vez rescindido el contrato con la anterior concesionaria, Continental Parking S.L., en el pasado mes de febrero el concejal mantuvo una reunión con los trabajadores "y de su puño y letra firmó que el Ayuntamiento subrogaría la contratación del personal existente, haciendo válido el espíritu del acuerdo del pleno de diciembre de 1995, año en el que gobernaba el PP y se cambió de concesionaria de grúa absorbiéndose el personal", según explicó ayer el responsable local de UPyD, César González. La denuncia de UPyD, que se hace eco del malestar de los trabajadores, se basa en que desde hace seis meses los siete operarios han dejado de trabajar y, por tanto, no cobran sus nóminas, ni pueden negociar su despido con la empresa.
Fiscalización
Desde febrero de 2010 presta el servicio de la grúa la empresa Hijos de Maxi Grúas y Taller S.L. "merced a un contrato de obra menor de cerca de 21.000 euros, sin que se conozca oficialmente cuándo se aprobará una nueva concesión, ni cuánto realmente ha costado a los ciudadanos la prestación del servicio desde esa fecha", según subrayó González que avanzó que, ante los antecedentes, su agrupación tiene intención de "fiscalizar" la nueva concesión que acuerde próximamente el equipo de gobierno del Partido Popular.
Responsabilidades
UPyD apuntó que "podría haber mala fe" en la forma de actuar del concejal Francisco Muñoz y un "intento de engañar a los trabajadores y sus familias por intereses que desconocemos los ciudadanos", algo que si se confirma por los tribunales en base al proceso judicial emprendido en los juzgados de lo social, "acarrearía la asunción de responsabilidades políticas e incluso monetarias para el Ayuntamiento, que podría tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias". El acuerdo adoptado por Muñoz, según destacó UPyD, contraviene el pliego de condiciones del servicio aprobado en el pleno de octubre de 2000, donde el PSOE desligó a los trabajadores del Ayuntamiento al aprobar que éste "estará totalmente ajeno a relaciones laborales que establezca el adjudicatario con personal".
