Alguno de nuestros dirigentes puede pensar que soy el malo de la película en la que cree que vivimos los españoles, un lugar de ficción a modo de “los mundos de Yupi”. Reconozco que la celebración del Día de la Constitución por la inmensa mayoría de los políticos me ha parecido pornográfica resultando ofensiva para muchos ciudadanos.
Aún partiendo del hecho loable de la estabilidad y progreso de nuestra sociedad gracias en gran medida a nuestra Carta Magna, no deja de ser una falta de sensibilidad social la nula referencia de los viejos partidos al difícil momento que muchos españoles están viviendo, inmersos en una grave crisis económica e institucional cada vez más acelerada.
Todo un fin de semana en el que la inmensa mayoría de los políticos, entre oropeles, se han extendido en parabienes y adulaciones a nuestra Constitución, miopes de tanto mirarse el ombligo, olvidando los problemas que por la falta de un verdadero desarrollo del contenido de la misma sufrimos todos, y lo que es peor sin ganas de llevar adelante las reformas necesarias en el texto para solucionar estos problemas, algunos de ellos creados por su complacencia constitucional.
Quién se ha acordado que a pesar de sus 30 años, aún no hemos conseguido que entre en vigor en el País Vasco, donde miles de personas sobreviven bajo la amenaza del terrorismo y del nacionalismo cómplice. Donde no existe la libertad de expresión y si discrepas del régimen te la juegas. De allí han tenido que emigrar a otros lugares de España, miles de ciudadanos para poder expresarse y desarrollar su vida con un mínimo de libertad.
A los políticos complacientes se les llena la boca con la palabra solidaridad, en casos igual de graves si ocurren, eso sí, fuera de España. En las calles del País Vasco, es donde deberían haberse organizado estos festejos conmemorativos, y allí estuvo Rosa Diez el domingo, en Bilbao, defendiendo la Constitución donde hay que defenderla.
Porque si bien la Constitución garantiza la Unidad del Estado y la solidaridad entre todas entre todas las comunidades autónomas, lo cierto es que las reformas de Estatutos de Autonomía están destruyendo esa solidaridad y dejando en papel mojado la unidad del Estado y la igualdad de los ciudadanos.
Igualmente afirma la cooficialidad del español en todas las comunidades autónomas, y en varias está siendo marginado impunemente como si no fuera la lengua oficial y común de todos, sino una lengua extranjera peor tratada a veces que las que sí lo son.
Además prohíbe cualquier tipo de discriminación, en la práctica se han instaurado derechos diferentes en prestaciones sanitarias y educativas o de pensiones en función del lugar de residencia, de manera que no todos tenemos los mismos derechos en todas partes. Decreta que el objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona en valores democráticos, y sin embargo constatamos su constante pérdida de calidad e importancia.
Porque si bien establece que la Administración pública deber ser eficaz y coordinada, asistimos a la multiplicación, descoordinación y derroche de administraciones superfluas, muchas veces duplicadas o triplicadas, agravando los efectos de la crisis internacional sobre los ciudadanos de nuestro país.
También proclama la unidad jurisdiccional de la administración de justicia, y resulta que se están creando sistemas judiciales autonómicos con su propio “poder judicial”. Asegura la independencia de la Justicia, pero todos sabemos que en la práctica son los partidos políticos los que nombran los órganos rectores del poder judicial y condicionan sus decisiones, imponiendo a sus jueces partidarios e ignorando a los independientes. De la misma manera ordena que la Fiscalía defienda siempre la legalidad, en la práctica aquella actúa a las órdenes del Gobierno de turno e incumple las leyes cuando a éste le conviene.
Y por fin establece que en ningún caso habrá privilegios económicos o sociales en unas comunidades autónomas respecto a otras, lo cierto es que todos los nuevos Estatutos pretenden privilegios económicos y sociales inconstitucionales, porque invaden competencias del Estado o introducen la discriminación de los ciudadanos de otras comunidades o lengua.
En su 30 aniversario, el estado de la Constitución debería ser más un objeto de preocupación y movilización ciudadana en su defensa que de celebración superficial y festejos carentes de convicción.
Aún partiendo del hecho loable de la estabilidad y progreso de nuestra sociedad gracias en gran medida a nuestra Carta Magna, no deja de ser una falta de sensibilidad social la nula referencia de los viejos partidos al difícil momento que muchos españoles están viviendo, inmersos en una grave crisis económica e institucional cada vez más acelerada.
Todo un fin de semana en el que la inmensa mayoría de los políticos, entre oropeles, se han extendido en parabienes y adulaciones a nuestra Constitución, miopes de tanto mirarse el ombligo, olvidando los problemas que por la falta de un verdadero desarrollo del contenido de la misma sufrimos todos, y lo que es peor sin ganas de llevar adelante las reformas necesarias en el texto para solucionar estos problemas, algunos de ellos creados por su complacencia constitucional.
Quién se ha acordado que a pesar de sus 30 años, aún no hemos conseguido que entre en vigor en el País Vasco, donde miles de personas sobreviven bajo la amenaza del terrorismo y del nacionalismo cómplice. Donde no existe la libertad de expresión y si discrepas del régimen te la juegas. De allí han tenido que emigrar a otros lugares de España, miles de ciudadanos para poder expresarse y desarrollar su vida con un mínimo de libertad.
A los políticos complacientes se les llena la boca con la palabra solidaridad, en casos igual de graves si ocurren, eso sí, fuera de España. En las calles del País Vasco, es donde deberían haberse organizado estos festejos conmemorativos, y allí estuvo Rosa Diez el domingo, en Bilbao, defendiendo la Constitución donde hay que defenderla.
Porque si bien la Constitución garantiza la Unidad del Estado y la solidaridad entre todas entre todas las comunidades autónomas, lo cierto es que las reformas de Estatutos de Autonomía están destruyendo esa solidaridad y dejando en papel mojado la unidad del Estado y la igualdad de los ciudadanos.
Igualmente afirma la cooficialidad del español en todas las comunidades autónomas, y en varias está siendo marginado impunemente como si no fuera la lengua oficial y común de todos, sino una lengua extranjera peor tratada a veces que las que sí lo son.
Además prohíbe cualquier tipo de discriminación, en la práctica se han instaurado derechos diferentes en prestaciones sanitarias y educativas o de pensiones en función del lugar de residencia, de manera que no todos tenemos los mismos derechos en todas partes. Decreta que el objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona en valores democráticos, y sin embargo constatamos su constante pérdida de calidad e importancia.
Porque si bien establece que la Administración pública deber ser eficaz y coordinada, asistimos a la multiplicación, descoordinación y derroche de administraciones superfluas, muchas veces duplicadas o triplicadas, agravando los efectos de la crisis internacional sobre los ciudadanos de nuestro país.
También proclama la unidad jurisdiccional de la administración de justicia, y resulta que se están creando sistemas judiciales autonómicos con su propio “poder judicial”. Asegura la independencia de la Justicia, pero todos sabemos que en la práctica son los partidos políticos los que nombran los órganos rectores del poder judicial y condicionan sus decisiones, imponiendo a sus jueces partidarios e ignorando a los independientes. De la misma manera ordena que la Fiscalía defienda siempre la legalidad, en la práctica aquella actúa a las órdenes del Gobierno de turno e incumple las leyes cuando a éste le conviene.
Y por fin establece que en ningún caso habrá privilegios económicos o sociales en unas comunidades autónomas respecto a otras, lo cierto es que todos los nuevos Estatutos pretenden privilegios económicos y sociales inconstitucionales, porque invaden competencias del Estado o introducen la discriminación de los ciudadanos de otras comunidades o lengua.
En su 30 aniversario, el estado de la Constitución debería ser más un objeto de preocupación y movilización ciudadana en su defensa que de celebración superficial y festejos carentes de convicción.
