“junto con la crisis económica por fin reconocida existe una de carácter político que agrava y exagera las consecuencias de la primera”
Enfrentarse al problema de la recesión, desempleo masivo y deflación con el mayor acierto posible es fundamental para acortar el periodo de depresión en el que hemos entrado y todos estamos obligados a poner lo mejor de cada uno para que las medidas que se tomen sean las correctas.
Debemos por tanto analizar con la suficiente incomplacencia los datos y admitir que durante los últimos años (y no me refiero sólo a la última legislatura) se han hecho muy mal algunas cosas, de lo contrario seguiremos engañándonos y esperando que “otros inventen” las soluciones.
La principal tarea del Gobierno debería consistir en legislar y acordar con la oposición la recuperación de ciertas competencias y dotaciones presupuestarias, y mientras esa nueva orientación política se pone en marcha abordar cuatro objetivos fundamentales:
a.- Estabilización financiera. Sanear el sistema crediticio, reflejando la situación real tras la desvalorización de sus activos de forma que se recupere así la confianza en las entidades bancarias y se active su negocio de intermediación entre el ahorro y la inversión.
Analizando las medidas adoptadas por el Gobierno en octubre del 2008 junto con el resto de países de nuestro entorno y encaminadas a conseguir esta estabilidad financiera se observan varios errores en la forma y en el fondo, no se puede entender la ocultación al Parlamento y a los ciudadanos del detalle de estas medidas, y además se corre el riesgo de “premiar” a las entidades afectadas por sus errores de gestión frente al conjunto. Además estas medidas no aseguran que el coste de la intervención lo paguen las entidades que se benefician de ella. Debe acompañarse este paquete con una mayor supervisión del Banco de España (elevación de los coeficientes de capitalización, de reservas de los depósitos a la vista y control del ratio de endeudamiento) y búsqueda de responsabilidades penales.
b.- Medidas de estimulo productivas.
Concentrar el esfuerzo de la inversión pública en la construcción de infraestructuras generadoras de beneficios sobre el sector privado, incrementando su productividad, así con los recursos que se obtengan en el futuro se podrá ir pagando el endeudamiento en el que se incurre para llevar adelante la inversión.
En este punto el Gobierno y la inmensa mayoría de las Administraciones Públicas están haciendo todo lo contrario, además muchas inversiones obedecen a acuerdos con partidos nacionalistas para satisfacer intereses de unos territorios y ciertas oligarquías localistas a cambio de su apoyo parlamentario.
Otro grave error es el cacareado plan Zapatero, sólo un 3,4 % de los 30.900 proyectos son para inversiones de carácter productivo, por lo que no generarán la imprescindible mejora de la productividad en el sector privado, no incrementará el crecimiento económico y lo que es peor nunca generarán los recursos necesarios para compensar el déficit en que se ha incurrido para financiarlos. Si sumamos la escasa creación de peonadas y el reparto lineal del fondo sin tener en cuenta los distintos porcentajes de paro, concluimos que es un claro ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas en materia económica, derrochando los limitadísimos recursos con los que contamos.
c.- Transformar el modelo productivo español basado en la construcción y sector inmobiliario hacia el sector industrial y de servicios.
Reorientar el modelo productivo, el Estado debe tratar de corregir las deficiencias que el mercado no es capaz de conseguir por si mismo. Los fallos del mercado pueden ser corregidos mediante intervenciones públicas temporalmente limitadas y sujetas a reglas estrictas de evaluación y control.
En los presupuestos del Gobierno la consideración del sector de servicios brilla por su ausencia. Los programas presupuestados al sector industrial continúan anclados al pasado, el 66 % de estos van destinados a sectores improductivos como carbón, naval y manufactureras deficitarias. Estos programas no resuelven los problemas, son claramente ineficientes, incluso los agravan en muchas ocasiones al percibirse como ingresos ordinarios, al mismo tiempo que fomentan el clientelismo de grupos sociales geográficamente localizados.
Todo esto hace que se quemen los recursos, restando sólo una mínima parte para la transformación productiva de la industria.
Sucede lo mismo para la política energética, necesitada de profundas reformas y sin recursos para afrontarla, lo que lleva un incumplimiento sistemático de los acuerdos internacionales sobre emisiones y con una peligrosísima dependencia exterior.
d.- Aumentar la productividad incentivando la competitividad microeconómica con lo que se tendería a equilibrar el sector exterior.
La regulación del mercado de trabajo requiere cambios urgentes unificando la normativa y equilibrando los derechos de fijos y temporales. Reducir la carga fiscal del trabajo soportada por las empresas, pues es una de las más elevadas de Europa.
Según un estudio del Banco de España la calidad del capital humano en la economía esta descendiendo debido a la disminución en los niveles de educación, el fracaso escolar que “disfrutamos” en España es por tanto una de las causas que agrava la actual crisis. La irresponsabilidad de todos los gobiernos y la cesión de las competencias a las autonomías son responsables del mayor fiasco de nuestra democracia y ahora toca pagarlo también en términos económicos. Devolver al Estado esta competencia debe ser una prioridad para a medio plazo obtener mejoras en la productividad, sumadas a la recuperación de la igualdad real de los ciudadanos marginando intereses localistas.
Reducir las cargas administrativas para la creación o cierre de empresas aumentaría 0,27 puntos porcentuales del PIB durante diez años según un estudio del Banco de España.
Propiciar la liberación del sector servicios, debe ser otra de las prioridades por las positivas repercusiones en la mejora de la productividad.
Se deben solventar las graves deficiencias en cuanto a la supervisión de los mercados financieros, especialmente el de valores, otorgando mayor independencia, capacidad investigadora y sancionadora a los órganos encargados de esta.
Suprimir las barreras del mercado interior que se han derivado de las regulaciones proteccionistas de las Comunidades Autónomas —incluyendo tanto las de carácter sectorial como las de naturaleza lingüística—, así como de sus prácticas discriminatorias en materia de licitación y contratación pública. El Estado debe compensar el fallo del mercado para reforzar el sistema nacional de innovación, mediante un mayor compromiso del sector público en la financiación de las empresas innovadoras, simplificando los incentivos fiscales, mejorando las instituciones reguladoras de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y una ampliación de las infraestructuras de apoyo a la creación y difusión de la tecnología.
Nos encontramos con un Estado en precario cuyo Gobierno debe dirigir y coordinar medidas extraordinarias, pero que se encuentra debilitado en sus funciones tras el exagerado traspaso de competencias hacia las autonomías por la deriva nacionalista y ahora le resulta imposible conciliar al conjunto de las Administraciones Públicas, tal y como se ha demostrado durante la elaboración de los presupuestos del 2009.
La descoordinación es tal que se han registrado todo tipo de políticas económicas en cada Administración, desde las centradas en la expansión descontrolada del gasto corriente hasta las pocas que abogan por la austeridad, desde las que restringen incluso las inversiones productivas a las que disparan la inversión sin criterio. Mención aparte merecen muchos Ayuntamientos incapaces de ajustar su gasto a la reducción de ingresos con el único fin de seguir aplicando políticas clientelistas y la fragmentación del mercado interior.
Si añadimos que toda esta descentralización no ha servido para mejorar los servicios que percibe el contribuyente, recordemos el contundente fracaso del sistema educativo, las desigualdades en el acceso a servicios sanitarios según el territorio y su falta de calidad, una caótica administración de justicia también en proceso de fragmentación, la discriminación lingüística con sus importantes costes económicos, etc.
Por tanto junto con la crisis económica por fin reconocida existe una de carácter político que agrava y exagera las consecuencias de la primera. El Estado tal y como hoy ha quedado es inviable económicamente no disponiendo de los recursos ni mecanismos suficientes, “obligado” a malgastarlos para satisfacer los intereses de los gobiernos regionales, no de sus ciudadanos. Es el momento de exigir contundentemente al Gobierno una política económica orientada a combatir la crisis, marcando las directrices oportunas desde el Ministerio de Economía de la gestión presupuestaria de todas las Administraciones Públicas, marcando objetivos claros y ambiciosos, con el mayor consenso posible, lo que aconseja un Pacto de Estado, que detenga la actual caída en picado de nuestra economía y permita la recuperación lo antes posible.
